Marcos León
La forma en que están “validando” el Plan Paraguay 2050 no es participación ciudadana: es marketing político con ropaje técnico.
Nos dicen que se usó una “escalera de participación”, una plataforma digital, talleres y la famosa “corresponsabilidad social” para “fortalecer la democracia participativa”. En el papel suena lindo. En la práctica, es mucha "ñembo consulta" , pero cero interes en la verdad. Mucho formulario, poca deliberación real. Es una estrategía, probablemente muy cara para “validar lo que ya está decidido”.
1. Un plan ya decidido, maquillado de “cocreación”
Cuando un gobierno presenta una plataforma ya desarrollada, con millones invertidos, base y condiciones autoritarias, manuales, indicadores y tableros listos, y luego abre un formulario para “validar”, lo que está haciendo no es preguntar si queremos ese camino, sino simplemente está utilizando a los usuarios para afinar su estrategia de comunicación de lo que ya está decidido.
Si la arquitectura del sistema ya está armada, si el Plan ya articula PGN, ministerios, regulaciones, indicadores y metas a 25 años, entonces la “participación” es cosmética. Es el clásico paquete cerrado: “plan que nos une”… pero que nadie debatió en serio antes de que empezara a ordenar presupuestos y políticas.
Y una pregunta cae por su propio peso: Si los tableros, métricas e indicadores están montados antes del debate real, entonces... ¿qué debate queda por hacer?
Lo que están haciendo es grave, pues están invirtiendo el orden natural de la política, pues están cerrando las grandes decisiones estratégicas, para luego llamar al pueblo para que pongan el “me gusta”. La persona deja de ser sujeto político y se convierte en usuario de plataforma, en dato que legitima decisiones ajenas.
2. Consulta no es deliberación
La participación que describen está basada en tres elementos:
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registro en una plataforma,
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talleres acotados,
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opinión sobre un documento ya orientado por agendas previas.
Pero hay preguntas incómodas que nadie responde:
¿Qué nivel de conocimiento real tenían las personas que participaron? ¿Se discutió el impacto del Plan sobre la soberanía, el endeudamiento, la regulación educativa, la salud, la tierra, las ONGs… o solo se comentaron frases generales como “desarrollo sostenible”, “innovación” y “equidad”?
¿Qué información de fondo se entregó? ¿Se mostraron escenarios alternativos, costos, riesgos y supuestos? ¿O solo se invitó a opinar sobre ejes bonitos redactados por consultores?
¿Dónde está la trazabilidad entre lo que la gente dijo y lo que el Plan efectivamente incorporó? ¿Qué párrafos cambiaron porque los ciudadanos lo exigieron, no porque el equipo técnico lo permitió?
Desde una perspectiva profesional, también surge otra pregunta incómoda: ¿Qué criterios metodológicos se usaron para decidir qué opiniones importaban y cuáles no?
En democracia, opinar sobre un documento que no se puede cambiar en su núcleo no es decidir. Es ser utilizado como insumo estadístico.
3. La verdad no se vota en una plataforma
“La verdad es la verdad aunque no la valide nadie, y lo que está mal está mal aunque todo el mundo diga que es correcto”.
Un plan puede tener miles de registros en la plataforma, toneladas de encuestas y talleres, y seguir siendo jurídicamente débil, éticamente cuestionable y políticamente peligroso.
La dignidad de la persona exige que no se la use como masa de maniobra para legitimar lo que ya fue decidido en escritorios a los que casi nadie tiene acceso. Y en este punto vale la pena preguntarnos nuevamente: ¿Puede un clic sustituir la complejidad de un proceso de toma de decisiones responsable, informado y constitucionalmente válido?
La participación auténtica es:
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Informada (con datos completos, no solo slogans),
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Libre (sin presiones ni manipulación emocional),
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Deliberativa (con espacio para el conflicto y el disenso),
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Vinculada a mecanismos formales (parlamento, audiencias públicas, control ciudadano efectivo).
Un clic en una plataforma no sustituye un debate profundo en el Congreso. Un “taller participativo” con conclusiones ya pre-redactadas no reemplaza el trabajo de comisiones con especialistas, organizaciones diversas y ciudadanos verdaderamente empoderados.
4. Mecanismos válidos vs. simulacro de participación
Acá está el corazón del problema.
Un Plan que pretende: condicionar el Presupuesto General de la Nación, alinear ministerios y políticas públicas, orientar regulaciones futuras y marcos legales, no puede validarse con una “escalera de participación” diseñada por consultores y cargada en una plataforma digital.
Los mecanismos válidos para algo de este calibre son:
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Debate profundo y público en el Congreso, con transmisión abierta, versiones taquigráficas y responsabilidad política clara.
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Audiencias públicas reales, donde los ciudadanos y organizaciones puedan cuestionar, enmendar, proponer alternativas y dejar constancia formal.
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Dictámenes técnicos de instituciones especializadas nacionales (universidades, gremios, centros de investigación), que no sean meros sellos decorativos.
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Control posterior de implementación, con posibilidad real de revertir o corregir metas y estrategias que vulneren la Constitución, la soberanía o derechos fundamentales.
Y una pregunta lógica, que cualquier técnico o ciudadano justo se haría: ¿Por qué evitar el debate institucional si realmente están tan seguros de que este es el mejor plan para el país?
Cuando todo esto se reemplaza por una plataforma ya armada + talleres “facilitados” + discursos de “cocreación”, lo que se produce no es democracia participativa: es tecnocracia con barniz participativo.
5. Falta de respeto a la institucionalidad (y al pueblo como sujeto político)
Si el Plan es obligatorio para el sector público, si se articula con el Sistema Nacional de Planificación y el PGN, entonces pretender que la “validación” se agote en un proceso de consultas controladas es, simplemente, saltarse la institucionalidad.
Porque:
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Se reduce el rol del Congreso a adaptarse a un marco técnico ya fijado.
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Se relega el debate político fuerte a un plano simbólico, mientras la verdadera arquitectura del poder se cierra en documentos técnicos.
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Se confunde “escuchar opiniones” con “ceder poder” para decidir el rumbo del país.
Es un reduccionismo brutal: el ciudadano deja de ser un sujeto capaz de juicio moral y político, y se vuelve un “input” que legitima un sistema cerrado. ¿Cómo se pretende hablar de “corresponsabilidad social” si la ciudadanía no tuvo posibilidad real de corregir, vetar o exigir cambios al plan?
6. La pregunta que queda en el aire
Nos dicen que este es “el plan que nos une”, que fue “cocreado” con la gente, que fortalece la “corresponsabilidad social” y la “democracia participativa”. Pero algunas verdades son: el Plan ya estaba estructurado antes de las consultas, la plataforma ya fue desarrollada e implantada, el Congreso no tuvo un debate de fondo antes de que se presentara como marco obligatorio, y la participación se usó más para legitimar que para decidir. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, como ciudadanos, es muy simple y muy dura:
¿Queremos un país donde las grandes decisiones se tomen en plataformas y presentaciones técnicas, y el pueblo solo sea llamado para poner la firma al final? ¿O vamos a exigir que un plan que pretende regir al Paraguay hasta 2050 se discuta donde corresponde, con luz plena, nombres propios y responsabilidad política real?